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Según la CIDH, México sufre una grave crisis de derechos humanos

Alejandro C. Tarruella

Escribe Alejandro C. Tarruella

La visita de siete miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante cinco días a México, culminó con la declaración que denuncia la situación de gravedad que vive ese país a partir de la responsabilidad del Estado. El organismo reveló la existencia de graves violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, en las que se halla implicado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Los observadores de la CIDH, dieron una conferencia de prensa en la que revelaron parte de su informe preliminar y remarcaron la extrema inseguridad y violencia que sufre la ciudadanía. Integraron la misión: la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine el primer vicepresidente de CIDH, James Cavallaro, los comisionados Felipe González, Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza, y el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.

El organismo reveló la existencia de graves violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, en las que se halla implicado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

“La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos, que observa extrema inseguridad y violencia; graves violaciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; más niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”, expresaron. Jamás en muchos años, México había conocido un informe de tal magnitud que señala al gobierno de Peña Nieto, y que fue apoyado secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro. La delegación trabajó con vigor en Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz.

El crimen cotidiano

La CIDH no hizo sino confrontar al Gobierno mexicano al subrayar que en ese país se produce una violación «estructural» a los derechos humanos. La base de esa aseveración es la desaparición de 43 jóvenes ocurrida hace un año. «No vemos la tragedia de los 43 estudiantes como una tragedia aislada, sino como un patrón de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido durante décadas», expresó la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, a la prensa. La autoridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agregó que «Crisis es la palabra para describir la situación de derechos humanos en México” y sustuvo que “la problemática de las desapariciones en México es alarmante».

Para el gobierno de Peña Ñieto, asesinar a semejante cantidad de estudiantes es un hecho que se encuadra dentro de una temible “normalidad institucional”.

El gobierno de México dio una respuesta que no tuvo fuerza similar a la denuncia. El subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, Roberto Campa, expuso que la desaparición de 43 jóvenes en septiembre del año pasado en Ayotzinapa, fue una situación «extraordinaria». Por cierto, para el gobierno de Peña Ñieto, asesinar a semejante cantidad de estudiantes es un hecho que se encuadra dentro de una temible “normalidad institucional”.

En la versión oficial, los 43 estudiantes desaparecidos, sufrieron su arresto en manos de policías corruptos que operaban en la ciudad de Iguala. Esos funcionarios gubernamentales, luego, los entregaron a esbirros del cártel Guerreros Unidos. Ahí establecen, para quitar su responsabilidad en los crímenes, que presuntamente esos hombres los mataron para luego incinerarlos en un basurero de la zona. Eso es justamente lo que desmienten con su investigación, los expertos de la CIDH, en el informe realizado durante el mes de septiembre de este año. En el mismo, se revelaban irregularidades muy severas en la investigación oficial que ahora procura reafirmar Peña Nieto, cuya imagen sufre un franco deterioro a nivel local e internacional.

Piden cambiar el fiscal

La CIDH pide nombrar un nuevo fiscal especial para la investigación. Exigen reemplazar al equipo de profesionales para que, en funciones, revise la hipótesis que expone que, quizás, los jóvenes desaparecieron debido al presunto secuestro un autobús que transportaba heroína o dinero producto de la comercialización de drogas. Suena un tanto disparatado que para un episodio de ese tipo, se utilicen los servicios de 43 personas.

Desde el Gobierno sostienen que la tarea en seis estados, no «refleja la situación general del país». «No compartimos que un informe preliminar realizado en un plazo de cinco días pueda reflejar la situación general (de derechos humanos) del país.

La Comisión Interamericana llevaba 20 años sin visitar México y se fue señalando la existencia de «una grave crisis de derechos humanos». El estado mexicano ya había sido marcado por la existencia en su suelo de “desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura», como sostuvo la presidenta de la CIDH, además  de «niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada» a víctimas y familiares, habitualmente maltratados por las autoridades policiales y judiciales.

Desde el Gobierno sostienen que la tarea en seis estados, no «refleja la situación general del país». «No compartimos que un informe preliminar realizado en un plazo de cinco días pueda reflejar la situación general (de derechos humanos) del país. No refleja la situación del país, se circunscribe a zonas, a regiones, donde sabemos que tenemos retos. En Guerrero tenemos los principales retos del país», insistió Roberto Campa desde el gobierno donde parecen que el pueblo sienta como algo normal la violencia.

Desapariciones y ejecuciones fuera de la ley

La presidenta de la CIDH Rose-Marie Belle Antoine, se refirió la «alarmante» desaparición de personas -más de 22.000 en los últimos 8 años- y además a la «existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado» o con su aquiescencia. Alegó que la impunidad judicial es «estructural» y eso lleva a «perpetuar» las violaciones de derechos humanos. Mientras Antonie hablaba, era seguida por medios nacionales y extranjeros. La autoridad de la CIDH expuso que para las familias, el ejercicio de la justicia es una «simulación» que prueba la «brecha entre el andamiaje legislativo y judicial». La organización internacional enfatizó también su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales como la de junio de 2014 en Tlatlaya, en el Estado de México, o el caso de Tanhuato, en el estado de Michoacán. Allí murieron 42 presuntos criminales sin que pudiese constarse con amplitud su procedencia.

El gobierno de Peña Ñieto es quien asegura los términos de una neocolonización que entrega la suerte de todos los mexicanos a los intereses imperiales que se sitúan en la misma frontera norte del país.

Edison Lanza afirmó a los periodistas que en México vivían una «situación de emergencia” debido a numerosos casos de agresiones, amenazas y asesinatos. Destacó, asimismo, la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada en junio de 2012 e instó a que se implementaran las medidas adecuadas para que se cumpla. La entrega del informe definitivo se hará en el primer semestre de 2016. Tras reunirse con funcionarios y legisladores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agradeció de todos modos al Poder Ejecutivo mexicano por permitir la visita al país. Pero no fue posible ocultar la molestia oficial. El gobierno mexicano insiste en negar el cuadro político social que presupone la existencia de más de 80 mil muertos y 22.000 desaparecidos desde que se lanzó la guerra del narcotráfico a la que sucedió la estrategia militarizada de base norteamericana, con “ayuda” colombiana, destinada a combatir la acción ilegal desde diciembre de 2006.

La violencia en México es un subproducto del NAFTA (1994), acuerdo que somete la actividad comercial, industrial y financiera, a los intereses de los Estados Unidos. La delincuencia, en ese marco, opera como un control social violento, sin ley, que expresa a lo que pretende imponer el poder sobre la sociedad. El gobierno de Peña Ñieto entonces, es quien asegura los términos de una neocolonización que entrega la suerte de todos los mexicanos a los intereses imperiales que se sitúan en la misma frontera norte del país.

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