Se desmonta la política de Derechos Humanos de Cristina


Alejandro C. Tarruella

El periodista José Steinsleger revela en su artículo “Macri: negacionismo y neoterrorismo de Estado”, que publicó el diario “La Jornada” de México, que en medio de la rebelión social y las movilizaciones de los docentes, hay una acción del gobierno tendiente a destruir la acción en Derechos Humanos que se afirmó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.

Detalla los DNU que movieron el feriado del 24 de marzo cuya reparación, fue debida a la significativa reacción de la sociedad y la vuelta atrás del gobierno. Eso no significó que Macri diera por tierra con esos intentos. La provocación fue una suerte de política de Estado persistente y destructiva.

“En días pasados, a un mes del 40 aniversario de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, conducido por Horacio Rodríguez Larreta, colocó monolitos de 100 kilos alrededor de la histórica pirámide y sobre los pañuelos de las madres pintados en las baldosas de la plaza”, reveló Steinsleger. “A modo de museo de sitio, los monolitos exhibían imágenes describiendo la historia, de la Colonia a la actualidad, secuencia que cínicamente omitía a las madres, símbolo mundial de los derechos humanos”.

El periodista consultó a Pablo Llonto quien resumió así las acciones del gobierno:  “…la verdadera voluntad del gobierno apunta a cercenar derechos y, en materia de juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado, su eje persigue la libertad de los genocidas y la impunidad para los responsables civiles del horror y la muerte”. Llonto había hablado del tema en un artículo que hizo para el libro colectivo Macri lo hizo (Ed. Peña Lilio, Buenos Aires, 2016), “

hay una acción del gobierno tendiente a destruir la acción en Derechos Humanos que se afirmó durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.

Llonto estima que la política de Macri y Claudio Avruj (secretario de Derechos Humanos), “…responde sin dudas al oprobioso editorial del diario de los Mitre ( La Nación), que en su editorial del 23 de noviembre de 2015 recurrió a un título revelador: ‘No más venganza’”. Texto que mereció el duro repudio de los propios trabajadores de un medio que nació para justificar el genocidio de Argentina y Brasil en la guerra del Paraguay (1864-70), y defender, desde entonces, las políticas oligárquicas y pro imperialistas”.

Memoria en movimiento 

Explicó también que  “El programa Memoria en movimiento (dependiente de la Secretaría de Comunicación Pública) sufrió mermas y pasó a llamarse Unidad de ética y moral de las fuerzas (sic)… pero con funciones distintas a las que tenía. Y en la Secretaría de Derechos Humanos (que depende del Ministerio de Justicia) fueron despedidas 55 personas. Asimismo, se desmontó el programa Verdad y Justicia, que elaboraba informes sobre la situación represiva de diversos destacamentos de las tres fuerzas armadas (utilizados como importante prueba para los jueces), e igual suerte corrieron las áreas de derechos humanos del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores donde se revisaban sistemáticamente, archivos, documentación y legajos para realizar aportes a los juicios. “Por lo que hoy – añade Llonto– no hay dependencia estatal en la que se estudien, investigue y redacten las conclusiones para los fiscales o magistrados.”

Cambiemos, la coalición de Macri, hizo ocupar varios cargos oficiales en la provincia por partidarios del terrorismo de Estado.

Señaló además Steinsleger que, en la provincia de Buenos Aires, el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, cerró la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias, que hacía la reparación de las víctimas y borró las señales 40 centros clandestinos con informes de localidades donde el Equipo Argentino de Antropología Forense logró 2 mil 66 muestras de sangre de familiares de desaparecidos. El ministro de Justicia, Germán Garavano, dispuso también que 11 mil notas del archivo digital Infojus se negaran a pedidos para impedir que se conozca la historia de las sentencias de lesa humanidad.

Reveló a través de Llonto como Cambiemos, la coalición de Macri, hizo ocupar varios cargos oficiales en la provincia por partidarios del terrorismo de Estado. Algunos son: Juan Ignacio Hartridge, (sobrino del dictador Rafael Videla), coordinador de prensa en el municipio de Morón; Santiago de Estrada (secretario de Seguridad Social en la dictadura, hombre de la iglesia que integró otra dictadura, la de Onganía) fue instalado secretario de Culto en la cancillería, y Juan Manuel Lucioni (que va a actos de homenaje a militares organizados por la Unión de Promociones del Ejército), es ahora oficial de secretario de Seguridad en el municipio de Tres de Febrero, en el conurbano bonaerense.

El artículo permite conocer en detalle el desmontaje de la política de Derechos Humanos que se practicó durante 12 años en la Argentina, y que permitió profundizar la detención y el juzgamiento de numerosos responsables de crímenes de lesa humanidad y otras tropelías.

 

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