Horacio Rosatti defendió su postulación para Juez de la Corte Suprema
Durante la audiencia pública en la que defiende su postulación para cubrir una vacante en la Corte Suprema, el candidato del Poder Ejecutivo dijo que el cuestionado (y luego retirado) decreto con el que el Presidente salteó al Congreso y lo designó como miembro «en comisión» del máximo tribunal «fue un proceso utilizado para salir de una coyuntura difícil, porque no es una situación normal tener (en la Corte) tres miembros sobre cinco».
Rosatti, juez que ubicó por DNU el presidente Mauricio Macri, sostuvo que su vinculación se debe a su «trayectoria en la especialidad del derecho constitucional». Fue durante su exposición ante la comisión de Acuerdos del Senado, en una audiencia pública que duró casi seis horas.
«Fue un proceso utilizado para salir de una coyuntura difícil porque no es una situación normal tener tres miembros sobre cinco (en el máximo tribunal), ya que si hay disidencias no sale un fallo», argumentó Rosatti, quien ratificó que no mantiene «ningún tipo de relación» ni con el presidente Mauricio Macri, ni con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Incluso, el jurista comentó que no sólo no votó a favor del partido gobernante en los comicios presidenciales del año pasado, sino que además muchas de sus opiniones son «bastante distintas a lo que piensan las autoridades actuales».
«No los conocía antes del decreto (por Macri y Peña) y no tengo ningún tipo de relación ni la he tenido», insistió Rosatti, quien vinculó su postulación a su «trayectoria en la especialidad del derecho constitucional».
El jurista propuesto por el ejecutivo para integrar el máximo tribunal justificó ante la comisión de acuerdos del senado su designación por decreto y recordó que fue «un mecanismo que está en la constitución».
Entre varias de las temáticas abordadas, Rosatti se mostró a favor de que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, consideró que debe ser despenalizada la tenencia de estupefacientes para uso personal, defendió la implementación del juicio por jurados, adjudicó al Parlamento el «control legislativo» de los DNU y evaluó que las medidas que se toman desde el poder político «no deben ser revisadas judicialmente».
Sobre su designación en comisión, que luego fue revertida por el Poder Ejecutivo, Rosatti sostuvo que esa opción «está en la Constitución nacional, donde se plantea la duda de si una vacante que se genera en la Corte debe ser cubierta durante el receso del Senado o si es posible completarla», pero advirtió que el mecanismo «es excepcional».
Entendió que se trató de «un proceso para salir de una conyuntura difícil porque no es situación normal tener tres miembros sobre cinco» ya que «no puede haber disidencias. Si la hay no sale fallo y esto no da dinámica», señaló Télam.
El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria-PJ, Miguel Pichetto, pidió en este punto la palabra para aclarar que la oposición «no comparte la interpretación que le daría al Ejecutivo la posibilidad de utilizar ese mecanismo» y consideró que las «expresiones de decreto (para nombrar jueces) son todas vinculadas a la dictadura militar».
El líder de los senadores de Cambiemos, Angel Rozas, insistió con que se trató de una «excepcionalidad», en un «país -dijo- que vive de sobresaltos en sobresaltos» y aseguró que «el Presidente tomó un atajo, no con la intención de violentar la Constitución o el sistema preestablecido».
Rosatti recibió 1.016 adhesiones y 13 impugnaciones ante la comisión de Acuerdos. Entre las adhesiones más relevantes se mencionó la de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la del dirigente del radicalismo Ricardo Gil Lavedra y el ex canciller Rafael Bielsa y entre las impugnaciones figuraban las del CELS, de la agrupación Justicia Legítima y de las dirigentes Cristina Alvarez Rodríguez, Vilma Ripoll y Marcela Durriels.
El ex ministro y titular de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional respondió a las impugnaciones ante los senadores y ante representantes de varias organizaciones sociales como las Madres de Plaza de Mayo, que se habían congregado en el salón Azul del Palacio Legislativo.
Rosatti recibió 1.016 adhesiones y 13 impugnaciones ante la comisión de Acuerdos.
La primera pregunta que contestó el postulante estuvo vinculada a la cuestión del derecho a huelga y en ese sentido sostuvo que no debe ser «restrictiva» y que su criterio es el que «preescribe la Constitución Nacional».
En otro orden y ante una pregunta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosatti consideró constitucional obtener muestras de ADN «aún en contra de la voluntad de las personas si se está en un contexto de averiguación de delitos como la apropiación ilegal de personas en el marco de delitos que son además de lesa humanidad».
Respecto al tema del aborto, el ex ministro de Justicia se mostró a favor de la reforma del artículo 86 del Código Penal, que refiere a los casos de aborto no punibles, pero consideró que el tema «debe ser resuelto luego de profundo debate en seno de la comunidad» y «dirimido por los auténticos representantes del pueblo, que son los legisladores».
«Mientras eso no ocurra el tema seguirá siendo dirimido por un tribunal de justicia», expresó y advirtió que la convención de los derechos del Niño que sostiene que la vida debe ser considerada desde la concepción «debe prevalecer sobre el Código Penal», informó Télam.
Sobre el impuesto a las ganancias, opinó que «los jueces deben pagar impuesto a las ganancias» y se manifestó en contra así de la permanencia de la acordada de la Corte que eximió a los magistrados y fiscales del pago del tributo.
Entre decenas de temas sobre las que debió pronunciarse durante casi seis horas, Rosatti defendió la implementación del juicio por jurados, adjudicó al Parlamento el «control legislativo» de los DNU (ante una pregunta sobre la disolución de la Afsca y Aftic) y opinó que «la persona que se droga no debe ser criminalizada».
También evaluó que las medidas que se toman desde el poder político «no deben ser revisadas judicialmente» y juzgó que el acuerdo Nación-provincias sobre coparticipación «no puede ser modificado por ninguna de las partes unilateralmente».
La comisión volverá a reunirse el miércoles próximo, a las 9, cuando reciba al otro postulante para la Corte, el jurista Carlos Rosenkrantz, quien también deberá defender su pliego y responder preguntas de los legisladores y de asociaciones civiles sobre temas diversos.
