Los Concejales del FpV-PJ Nacional y Popular reclamaron por la rescisión del contrato con la empresa Expreso La Plata.
La concesión del servicio de transporte de pasajeros de la Línea Este a favor de la empresa Expreso La Plata – Buenos Aires se basa en un marco regulatorio que establece derechos y obligaciones de los concesionarios así como también los mecanismos de sanción posibles de aplicar por parte del Municipio. Ante el incumplimiento de lo establecido por parte de la empresa y la continuidad del conflicto (por las prácticas persecutorias contra los choferes que reclaman por sus derechos laborales y gremiales), los concejales del Bloque FpV-PJ “Nacional y Popular” presentaron un proyecto para que el Poder Ejecutivo Municipal rescinda el contrato para la prestación del servicio de transporte de pasajeros.
Esta iniciativa para establecer la caducidad del contrato incluye la propuesta de que el Municipio preste el servicio de forma directa por un plazo de 150 días, hasta que se vuelva a realizar un llamado a licitación pública para la concesión.
Esta iniciativa para establecer la caducidad del contrato incluye la propuesta de que el Municipio preste el servicio de forma directa por un plazo de 150 días, hasta que se vuelva a realizar un llamado a licitación pública para la concesión. Más aún, se indica que se deberán incautar los bienes afectados e indispensables para, de esta forma, asegurar la continuidad del servicio del que hacen uso 70.000 usuarios. También, el Bloque establece que todo el proceso debe desarrollarse con la garantía de la continuidad laboral del personal.
Sobre esto, Guillermo “Nano” Cara, presidente del Bloque de Concejales del FpV-PJ “Nacional y Popular” señaló que “la empresa está incumpliendo la ley y estas faltas son graves, atentando contra la seguridad de los choferes y los usuarios, fundamentalmente por las falencias con las que presta el servicio”. Además señaló que “el Intendente Julio Garro debe velar porque la ley sea cumplida por todos y que en este escenario de sostenido desconocimiento de lo normado, se debe anular la licitación”.
