La diputada provincial del Frente para la Victoria, Marisol Merquel, presentó un proyecto de ley para crear un régimen de tarifa social en los servicios de luz y de gas para entidades públicas y privadas sin fines de lucro que realicen actividades culturales, artísticas y sociales. Asimismo, el proyecto busca incluir a la tarifa social a entidades como los centros de jubilados, asilos de ancianos, hogares de niños, centros de día y de atención a personas con discapacidades.
El proyecto plantea que las entidades beneficiarias de la tarifa social abonen «hasta el 60% del valor del Kilovatio que fije el Ente Regulador para cada categoría de consumo», como también «hasta el 60% del cargo fijo impositivo».
En ese sentido, la diputada provincial Marisol Merquel, remarcó que «este tipo de entidades cumplen un rol fundamental en la sociedad y resulta necesario que el Estado garantice el acceso a determinados servicios que son indispensables para el correcto funcionamiento y continuidad de las mismas».
«Si bien es cierto que actualmente se anunciaron tarifas especiales para personas en situaciones de vulnerabilidad, los establecimientos que realizan actividades culturales, artísticas y sociales no poseen ningún tipo de beneficio, y en muchos casos el gasto que representa el pago de las nuevas tarifas pone en riesgo la continuidad de las actividades que desarrollan», aseguró la legisladora.
es fundamental dar respuesta concreta a los usuarios que padecen los avatares de las nuevas políticas de ajuste y descarte, por ello continuamos trabajando por la inclusión y la justicia social en los lugares donde más se necesita
Asimismo, Merquel, sostuvo que «es fundamental dar respuesta concreta a los usuarios que padecen los avatares de las nuevas políticas de ajuste y descarte, por ello continuamos trabajando por la inclusión y la justicia social en los lugares donde más se necesita».
El proyecto del ley explica que para acceder a la tarifa social «los beneficiarios deberán acreditar su condición y solicitar la inclusión en el régimen ante la distribuidora del servicio de cada ciudad». Según se detalla en la iniciativa, «luego de la presentación de los beneficiarios, en un plazo de 48 horas las prestadoras de servicios deben remitir toda la documentación a la autoridad de aplicación que en un término de 30 días corridos deberá expedirse».
