El plan para desplazar a Gils Carbó con rechazos de todos los sectores

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Fiscales, abogados, diputados, senadores, jueces y dirigentes cuestionan de inconstitucional el proyecto de Cambiemos para quitar de su cargo a la Procuradora.

La reforma del Ministerio Público Fiscal se volvió un dolor de cabeza para Cambiemos. El proyecto, que este miércoles debe ser tratado en Diputados, recibió el rechazo de la diputada Elisa Carrió y de la Asociación de Magistrados, acérrimo crítico de las reformas del kirchnerismo.

Además del rechazo de los Fiscales del Ministerio Público,  en los últimos días se sumaron fiscales que están enfrentados con Gils Carbó pero que considera a la nueva ley “inconstitucional” como el fiscal federal Carlos Rívolo o de instrucción Mónica Cuñarro.

De esta forma, Cambiemos deberá modificar el proyecto para no quedar ante la opinión pública como opositor a la Constitución,

 El proyecto llevó a que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa y el líder de la bancada de senadores peronistas Miguel Ángel Pichetto le restaran apoyo, algo que dinamitó los acuerdos previos.

Carrió terminó de herir de muerte al proyecto al plantear dos objeciones: la duración del cargo (5 años) no respeta la autonomía al Ministerio Público Fiscal y, para desplazar a Gils Carbó es necesario hacer un juicio político.

La reforma también sumó el rechazo de la coalición de ONG’s para la reforma procesal penal advirtieron con “gran preocupación” que el proyecto “afectaba fuertemente el diseño del Ministerio Público”.

Dichas organizaciones consideran que el dictamen firmado en la última reunión plenaria de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, corrigió algunos de los principales problemas que presentaba el proyecto original, receptando las críticas que se habían realizado, pero advirtieron que “incorpora nuevas modificaciones que lo hacen inconstitucional por afectar fuertemente la independencia y autonomía del MPF”.

A través de un comunicado, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Pensamiento Penal (APP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales  (INECIP) y Poder Ciudadano, emitieron un comunicado en el que detallan sus cuestionamientos.

Por su parte, los familiares de las víctimas del atentado de la AMIA alertaron que la reforma puede perjudicar la investigación. Así lo aseguraron APEMIA (Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA) y la Asociación 18J.

Las agrupaciones -críticas de la instrucción de la causa y de las organizaciones DAIA y AMIA- denunciaron que “la ley para echar a Gils Carbó es un acuerdo para echar a los fiscales de la Unidad AMIA”.

También las Abuelas de Plaza de Mayo criticaron la reforma y dijeron que el contexto de restarle atribuciones a Gils Carbó, podría poner en riesgo la continuidad de la “Unidad Fiscal Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado”.

Mediante una nota firmada por Estela de Carlotto y enviada a la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de Diputados, María Gabriela Burgos (UCR en Cambiemos), Abuelas advirtió que se incorporó al dictamen propuesto para debate en el pleno de la Cámara de Diputados “el requisito de cinco años de antigüedad en el cargo para desempeñarse como titular de una Procuraduría o Unidad Fiscal Especializada.

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