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A pesar del apriete del Gobierno, La Pampa asegura que no va a bajar las jubilaciones provinciales

En un nuevo avance de la jurisdicción nacional sobre la órbita provincial, Anses retuvo 330 millones de pesos correspondientes a La Pampa por no haber bajado las jubilaciones provinciales como lo hizo Nación.

El gobierno provincial se apresta a iniciar una nueva demanda judicial contra el Estado nacional para reclamar la deuda de varios años por no compensar íntegramente el déficit de las cajas previsionales docente, civil y policial de La Pampa. En este caso, la demanda apunta a un proceder que representa un nuevo avasallamiento del gobierno central sobre las autonomías provinciales: Nación se niega a girar a La Pampa una suma de 330 millones de pesos porque La Pampa no bajó los montos de las jubilaciones provinciales como sí lo hizo Nación. Sin respetar convenios ni leyes vigentes, Nación pretende detraer ese monto de lo que le resta pagar por el año 2016.

Mediante varios acuerdos, ratificados por leyes nacionales y provinciales, el gobierno nacional se comprometió a hacer aportes para financiar los regímenes jubilatorios pampeanos del personal docente y civil, y del Sistema de Retiros de la Policía de La Provincia.

En el caso de la policía provincial el compromiso de Nación es cubrir íntegramente el déficit de esa caja, y en docentes y civiles hacer un aporte teniendo en cuenta el 75 por ciento de los haberes, ya que el 7 por ciento restante lo cubre el Fondo Complementario de los Regímenes Civil y Docente, administrado por el Instituto de Seguridad Social de la provincia.

A fines de 2015 se adeudaban los déficit de los años 2009 inclusive en adelante. Para determinar el monto a compensar, las nuevas autoridades provinciales solicitaron a Nación realizar las auditorías de los año s2009 en adelante para determinar el monto adeudado. Para ponerse al día, Nación comenzó por los años 2015 y 2016; canceló en tres cuotas todo el monto de 2015 y giró 400 millones de pesos como anticipo de 2016. Concluida la auditoría de 2016, se determinó que el monto total a compensar ascendía a 831 millones, con lo cual restaban enviar 431 millones. Para el gobierno provincial, el monto total de 2016 era de 858 millones, pero la diferencia era considerada “aceptable” porque no se incluían allí algunos aportes a obras sociales.

Castigo por no ajustar

Al reclamar esos 431 millones restantes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) decidió aplicar una “multa” a La Pampa de nada menos que 332 millones de pesos porque Provincia no bajó los montos de los haberes jubilatorios ni aplicó la “movilidad” que se dispuso a nivel nacional.

La desagradable novedad motivó un intenso intercambio de correos electrónicos, notas e incluso llamados telefónicos que llegaron incluso a nivel del gobernador Carlos Verna. Todos fueron infructuosos y no lograron convencer a las autoridades nacionales de su incorrecto proceder, por cuanto el compromiso de compensar los déficits no incluye ni mucho menos jurisdicción alguna para influir en los cálculos de los haberes jubilatorios pampenos.

Agotada la vía del diálogo, el gobernador Verna instruyó a sus asesores a la redacción del decreto por el cual se autorizó a la Fiscalía de Estado a iniciar las acciones contra el gobierno nacional por este incumplimiento legal y consecuente avance sobre potestades provinciales.

Aleccionamiento

En Casa de Gobierno no dejan de sorprenderse por la magnitud del avance de Nación sobre la órbita provincial. “Es la primera vez en la relación Nación-Provincia, con el tema previsional, que se nos quiere aleccionar a fin de producir la baja de las jubilaciones y pensiones actuales y futuras, y su sistema de movilidad, para adecuarlo al vigente a nivel nacional”, reclamó un funcionario provincial cercano al gobernador Verna.

“Lo que no ha entendido el gobierno nacional -acotó- es que la Nación en los acuerdos de gestiones anteriores, y que ellos mismos han ratificado, reconocieron que es un sistema de contribución al financiamiento de nuestro sistema jubilatorio, que a diferencia de muchas otras provincias, no ha sido traspasado a Nación”.

“Esta compensación no implica una aplicación de la normativa nacional -subrayó-, ya que todas las diferencias de normativas a favor del jubilado actual y futuro, son soportadas por el sistema, a través del Fondo Complementario de los Regímenes Civil y Docente y, en su caso Rentas Generales para el Policial”.
Derechos.

El gobierno provincial “no piensa bajar las jubilaciones actuales o futuras ni cambiar su sistema de movilidad”, remarcó el funcionario provincial, por si fuera necesario aclararlo. Lo que si va a hacer es “reclamar sus derechos ante las obligaciones asumidas por el Gobierno Federal en iguales condiciones que las que se han exigido a la fecha”.

En razón de ello, el viernes 21 de julio se dictó el decreto 2198/17 por el cual el Poder Ejecutivo instruyó al fiscal de Estado de la Provincia, José Alejandro Vanini, a iniciar actuaciones judiciales o extrajudiciales para exigir el cobro de toda la deuda previsional, sin detracción alguna.

Fuente: La Arena

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