El papelón de Cambiemos y el Frente Renovador en la Cámara de Diputados de la Provincia
Los diputados del Frente para la Victoria – PJ en la provincia de Buenos Aires denunciaron graves atropellos en la Cámara durante el tratamiento de la Emergencia Administrativa y Tecnológica.
Mientras estaba en tratamiento la Emergencia Administrativa y tecnológica de la provincia de Buenos Aires, el diputado del Frente para la Victoria – PJ, Miguel Funes, planteó una moción para que ingrese una comitiva de dirigentes gremiales estatales a presenciar el debate, ya que refería a una temática que preocupa al sector.
La propuesta recibió el rechazo de Cambiemos, el Frente Renovador y el FAP, argumentando que se quería abrir la puerta a un grupo de «forajidos», refiriéndose a los representantes sindicales, y que se trataba de una sesión «compleja».
La propuesta recibió el rechazo de Cambiemos, el Frente Renovador y el FAP, argumentando que se quería abrir la puerta a un grupo de «forajidos», refiriéndose a los representantes sindicales
«Compleja es la realidad social de los trabajadores que vienen sufriendo el avasallamiento de sus derechos», manifestó Funes luego.
Luego, cuando el diputado se aprestaba a realizar su alocución sobre la temática a tratar, le fue negada la intervención, tanto a él como al dirigente Walter Abarca, entre otros legisladores del bloque.
Esto, sumado el desconcierto sobre lo que estaba sucediendo dentro del edificio del palacio y en sus alrededores, -se hablaba de acciones represivas contra los trabajadores que habían concurrido para ingresar el recinto- motivó un pedido de cuarto intermedio. Sin embargo, éste pedido también fue negado por Sarghini, la máxima autoridad de la Cámara.
A continuación, el presidente del bloque de Cambiemos, pidió -mediante otra moción- la finalización de un debate que no fue tal. Las mismas fuerzas que negaron el ingreso de los trabajadores aceptaron la iniciativa del macrismo, por lo que se llevó a cabo una votación express en medio de una gran confusión.
Funes explicó que, desde el inicio, la ley es poco clara: «Habla de un déficit en las áreas pero es muy vago el argumento. No especifica cuál es el déficit y su profundidad».
En realidad, este proyecto «busca vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Estado», planteando que «los nuevos contratos que se celebren no generan ningún tipo de expectativa, de prórroga, de dependencia, poniendo en situación desigual a los contratados que están protegidos por la ley 10430».
Los ministerios se han transformado en verdaderas comisarías
Y respecto a los que ya están contratados, si bien están exceptuados de la ley, cuando se les extinga el contrato tampoco tendrán ningún tipo de protección.
Otro punto de conflicto es el artículo 21, «en donde los trabajadores del patronato de liberados que tenían funciones en el Ministerio de Justicia pasarán a la Secretaría de Derechos Humanos. Si bien el concepto de Derechos Humanos para nosotros es muy profundo y sensible, la ley no especifica ningún tipo de políticas a llevar adelante y los compañeros del sector tienen mucha incertidumbre respecto a qué va a suceder con ellos», explicó el legislador.
Además, subrayó que «estamos viendo la cantidad de despidos en el sector publico bajo un concepto de modernización que suena muy lindo pero que esconde una fenomenal maquinaria de ajuste».
«Hemos visto el destrato que han sufrido los trabajadores estatales; se han enterado de sus despidos cuando el molinete les rebotaba en el cuerpo; con la confección de listas negras en la entrada, como en las peores épocas del país, que no les permitían ingresar. Los ministerios se han transformado en verdaderas comisarías», denunció.
