Más recortes: el Gobierno redujo el presupuesto de políticas contra violencia de género
El presidente Mauricio Macri modificó el presupuesto destinado a frenar la violencia contra las mujeres para trasladar unos $ 668 mil del Tesoro a la Policía Federal.
Según el decreto 393, firmado el lunes pero publicado este miércoles en el Boletín Oficial, “es menester incrementar los créditos vigentes de la Policía Federal Argentina, actuante en el ámbito del Ministerio de Seguridad, compensando con la reducción del Presupuesto del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, actuante en el ámbito de la Presidencia de la Nación, con el objeto de atender el pago del servicio de policía adicional que presta la citada Fuerza de Seguridad».
El monto recortado al Consejo de Políticas Sociales es superior a los 3 millones de pesos, de los cuales $ 668 mil corresponden al recorte y traslado de los fondos de los programas de formulación e implementación de Políticas Públicas de la Mujer, que ejecuta el Consejo Nacional de las Mujeres.
En enero, el gobierno ya había anticipado este panorama cuando se recortaron $67 millones del presupuesto del Consejo Nacional de la Mujer, liderado por Fabiana Túñez, para combatir la violencia de género; decisión que en febrero debió dar marcha atrás y se habló de un error en la publicación en el Boletín Oficial.
En marzo, por el día de la Mujer, organizaciones de mujeres acamparon en el Consejo de la Mujer en reclamo de una ley de emergencia de género y numerosos puntos de trabajo para la protección a mujeres y fueron luego víctimas de las Fuerzas de Seguridad hicieron una “razzia o caza” a mujeres en la plaza de Mayo y alrededores. Un grupo fue encarcelado y maltratadas por su condición de mujer y de lesbianas, tal como atestiguaron muchas de ellas.
La cifra de femicidio crece mes a mes de modo alarmante. El último número difundido es de una muerte por femicidio cada 18 horas, y según un informe de este diario exclusivo de la última Ni una Menos del 3 de junio, uno de cada 12 femicidas son o fueron miembros de las fuerzas de seguridad, es decir fueron cometidos por un arma prevista por el Estado. Desde 2008 ya son 130 los asesinos que en algún momento vistieron uniforme.
La medida provoca polémica y nuevas manifestaciones de rechazo ya que el Estado no sólo recorta el dinero sino que no fomenta ni sostiene campañas de protección a las mujeres, a la vez que levanta el cartel Ni una Menos.
