Los viejitos verdes de Macri

 El domingo 30 de abril de 2017 se conmemoraron 40 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. 40 años de movilizarse en busca de sus hijos e hijas, de pedir justicia, de enseñarnos a tener memoria.

Durante el acto, la líder de Madres Línea Fundadora, Nora Cortiñas, rechazó las declaraciones negacionistas de varios funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y aseguró que seguirán luchando “por más que quieran hacernos daños a diario, por más que quieran banalizar la dictadura, el terrorismo de Estado”.

“La historia está escrita y grabada en la memoria. A cada una nos corre la historia por las venas”, expresó.

Antes que Macri ganara las elecciones en 2015, muchos organismos de Derechos Humanos advertían que si el actual Presidente llegaba a la Casa Rosada, un gran número de represores volverían a recuperar la libertad, serían beneficiados con prisiones domiciliarias o se trasladarían a dependencias controladas por las Fuerzas Armadas.

El actual primer mandatario asumió hablando de “dar vuelta la página”, de “dejar de mirar para atrás”, de “terminar con el curro de los derechos humanos”, de “abrir las cárceles”. Una clara muestra de cambiar las políticas de Derechos Humanos que se llevaron adelante entre 2003 y 2015.

El plan del gobierno macrista es reinstalar la teoría de los dos demonios, buscando así que los represores puedan tener impunidad. No es menor que Macri escogiera en ministerios y municipios funcionarios que fueron parte de la dictadura o reivindicaron el Golpe del 76´.

En 2015 el bloque del PRO despidió el año legislativo negándose a votar una Comisión Bicameral que investigue los crímenes empresarios durante la dictadura. A este hecho, se le sumaron las declaraciones de Dario Lopérfido y luego el informe “oficial” firmado por el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que afirma que fueron 7.300 las «víctimas de desaparición forzada y asesinato”; datos que coinciden con la polémica lanzada por Macri al asegurar que “no tiene idea si fueron 9.000 o 30.000». Y es que cuestionando la cifra de víctimas de un genocidio, buscan instalar la idea de que el movimiento de Derechos Humanos se basa en una gran falsedad matemática y herir la legitimidad de los reclamos que se realizan.

Asimismo, a principio del año pasado, el Ministerio de Defensa derogó la Resolución 85/2013 -adoptada para impedir que se sigan fugando represores de los Hospitales militares- a través de la Resolución 65/2016. Por otro lado, el Gobierno rehabilitó la unidad militar para los represores en Campo de Mayo, lo que permitió que unos 50 condenados o procesados por delitos de lesa humanidad fueran trasladados a esos sitios custodiado por “camaradas de armas” de rango inferior. Esto los pone en una situación preferencial respecto del resto de la población penal, resultando inadmisible a la luz de lo preceptuado por la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas.

El Gobierno Nacional no apela ninguno de los fallos que favorece claramente a los represores, no insiste en el enjuiciamiento ni abre nuevas causas para juzgar a los terroristas de Estado de la última dictadura militar. Permite que, discrecionalmente, la Corporación Judicial libere, beneficie, acomode a los represores según intereses, conveniencias, empatías y beneficios.

En sólo 7 meses de gobierno macrista, varios juzgados federales decidieron conceder la prisión domiciliaria a militares y policías que estaban encarcelados por delitos de lesa humanidad, mostrando un claro viraje en la “doctrina en los tribunales” con respecto a la política de Derechos Humanos.

Los magistrados que no aceptan este cambio de doctrina con respecto a los genocidas son presionados, amenazados, extorsionados hasta que deben renunciar. Eso fue lo que le pasó a Rozanski, quien fue una figura clave en el proceso de juzgamiento a los delitos de lesa humanidad tras la anulación de las leyes de impunidad, Obediencia Debida y Punto Final. Como titular del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata desde el año 2000, fue quien inició el primer juicio por los crímenes cometidos en la dictadura cívico-militar en 2006. En ese primer momento, se caratuló a la dictadura como genocidio y se condenó a los responsables de los crímenes como genocidas, abriendo un proceso de consolidación del proceso judicial y una etapa en la que fueron condenados cientos de represores que siguen siendo juzgados hasta el día de hoy en todo el país. Bajo su tarea, fueron condenados el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, el excapellán de la Bonaerense -y primer sacerdote de la Iglesia Católica que afrontó un juicio oral y público-, Christian Von Wernich y el exministro de Gobierno, Jaime Lamont Smart. Además, formó parte de los procesos que juzgaron las causas sobre el Circuito Camps y el ex Centro Clandestino La Cacha. Durante estos juicios fue que declaró por última vez antes de desaparecer, Jorge Julio López.

Desde el actual gobierno y en un contexto en el que los medios masivos de comunicación no hacen más que entorpecer, ensuciar y desprestigiar el trabajo que realizan aquellos que llevan adelante los juicios, se intenta lograr nuevamente una falsa reconciliación entre los argentinos, beneficiando así a los represores con fallos más que cuestionables.

El viernes 28 de abril de 2017, la Cámara Federal de Casación Penal otorgó, en un fallo dividido, el arresto domiciliario al represor Miguel Etchecolatz en una de las causas  por delitos de lesa humanidad. El fallo hizo lugar al planteo de los abogados defensores sobre su estado de salud y que “no puede ser tratado adecuadamente en un centro de detención que carece de la infraestructura necesaria para un paciente de la avanzada edad y características del condenado”.

“Además padece riesgo de muerte súbita, que lo coloca en situación de vulnerabilidad, a diferencia de lo que ocurriría de encontrarse en su domicilio”, expresa el escrito.

La Cámara hizo lugar al planteo en base a la jurisprudencia fijada por la Corte Suprema de Justicia en un fallo de hace dos semanas en la que otorgó el arresto domiciliario a un militar acusado de crímenes de lesa humanidad.  Ya había sido rechazada la detención domiciliaria en primera instancia y luego por la Cámara Federal de La Plata.

Beneficiar a los represores daña aún más la imagen de un Estado de Derecho altamente cuestionado y con un sinfín de irregularidades que generan indefensión e injusticia. Pero hay una clara ofensiva política del macrismo a favor de la impunidad y la reconciliación con las Fuerzas Armadas con la finalidad de crear las condiciones para una participación activa de esas fuerzas en el control social y la represión interna de la protesta.

El año pasado, el Presidente Macri le devolvió por decreto (el N° 721/16) autonomía a las Fuerzas Armadas al derogar una resolución de Alfonsín (la N° 436/84). A partir de ese momento, los militares volvieron a tener atribución para decidir ascensos, traslados, designaciones y premios. La diputada Elisa Carrió pidió sacar a las Fuerzas Armadas a la calle con el fin de “evitar posibles inconvenientes”. La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pretende suplantar gendarmes que hoy cumplen funciones en represas y centrales atómicas, con militares. También buscan desde el Gobierno Nacional que las Fuerzas Armadas controlen las fronteras.

Son 40 años de la primera ronda, son 30.000 los detenidos-desaparecidos y fue un genocidio lo que pasó en el Proceso de Reorganización Nacional. Cárcel común a los responsables sin beneficios de ningún tipo, mucho menos prisión domiciliaria, medida que da impunidad y no justicia. No al negacionismo y muchos menos, al uso de las Fuerzas Armadas para el control social. Pero la CEOcracia necesita de un brazo armado para imponer el ajuste, por eso, los viejitos de la dictadura deben volver a sus casas.