La Iglesia rechaza el proyecto de bajar la edad de imputabilidad

El Gobierno insistió hoy en la necesidad de realizar una reforma del sistema penal juvenil y adelantó que mantendrá encuentros con líderes opositores para buscar «consensos», mientras que desde la Iglesia advirtieron que la intención oficial «no pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática», y pidieron no convertir a los chicos en «enemigos sociales».

El impulsor de la iniciativa, el ministro de Justicia, Germán Garavano, adelantó hoy que mantendrá reuniones con el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, y con la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, para buscar «consensos», teniendo en cuenta que «no son cosas que se resuelven en un minuto o en diez días», luego de que ayer los dirigentes opositores pidieran que se convoque a sesiones extraordinarias en febrero para debatir la baja en la edad de imputabilidad.

«Hay que tener en cuenta que son reformas que no se hicieron en 30 años de democracia», insistió Garavano hoy en declaraciones a radio Mitre, en las que sostuvo que el gobierno está «abiertosal trabajo conjunto pero hay que tener en cuenta que no son cosas que se puedan resolver en un segundo o en diez días».

«No podemos caer en soluciones mágicas, pero igual hay cuestiones urgentes donde podemos construir consenso y dejar algunas que tienen un volumen técnico más complejo para más adelante», añadió el titular de la cartera de Justicia.

Según confirmaron a Télam fuentes del ministerio, en las próximas semanas saldrá la convocatoria oficial para conformar una mesa técnica, integrada por distintos estamentos del Estado, la justicia, ONGs y expertos en el tema, que debatirán a partir de febrero el tema y durante todo el año para consensuar un proyecto de ley que sea enviado al Congreso después de las elecciones legislativas de octubre.

En tanto, desde la Iglesia, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió que el proyecto de bajar la edad de punibilidad «no pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática» y pidió no convertir a los chicos infractores a la ley penal en «enemigos sociales».

En una declaración difundida hoy, la comisión recordó asimismo la postura que tenía sobre el tema el papa Francisco como cardenal primado y arzobispo de Buenos Aires, cuando en un mensaje a los jóvenes escrito en 2005 advertía que «si bien existe una demanda social muy fuerte a favor de la institucionalización, los tratamientos con larga privación de libertad no han logrado buenos resultados».

«No pareciera razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales», según indicó la comisión en el comunicado.

Asimismo señalaron que la intención del gobierno nacional «no se corresponde con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones ‘Ni un pibe menos por la droga'» que hicieron en noviembre pasado y que fue asumido por el Poder Ejecutivo en un decreto de diciembre.

Si bien la comisión episcopal sostuvo que «no debe rechazarse» el debate para adecuar la legislación penal juvenil, se señaló que «necesariamente debe incluir otras perspectivas sociales y jurídicas» y «no puede centrarse solamente en la persecución estatal» sino en «cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantizan derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal».

En defensa del proyecto oficial salieron hoy la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes celebraron la decisión del Poder Ejecutivo de convocar a una comisión de expertos para debatir el tema, en declaraciones que hicieron en una conferencia de prensa para informar sobre los trabajos que se realizan en prevención de dengue, zika y chicungunya.

«Me parece muy bien que el Poder Ejecutivo haya convocado a una comisión de expertos para tratar el tema. Creo que el camino es un sistema de Responsabilidad Penal Juvenil Especial que vea de qué manera hace responsables a los chicos cuando cometen delitos, pero que, al mismo tiempo, reconozca los derechos de los chicos», dijo la gobernadora bonaerense.

En tanto, desde el gremio docente, se sumó hoy el rechazo del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) quien se opuso a bajar la edad de imputabilidad de menores y jóvenes, al considerar que esa medida «no resuelve el problema de la inseguridad».

«En una sociedad democrática los niños y jóvenes deben ser cuidados, la niñez debe ser protegida y resguardados todos sus derechos. En este sentido, es el Estado quien debe garantizar que se cumpla el derecho a la Salud, a la Educación, a condiciones dignas de vida, a la recreación, a la identidad de niños y adolescentes. Y debe hacerlo con mayor presencia y promoción de políticas Públicas de inclusión, destinadas a ellos», señala el gremio en un comunicado difundido hoy.