La hipócrita declaración del fiscal de Jujuy ante la CIDH


Mariano Miranda dijo que Jujuy no está “en ningún sistema que esté en contra del sistema internacional de los derechos humanos”, pese a que Milagro Sala continúa detenida desde hace un año.

El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, aseguró hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la provincia “está plenamente comprometida con el respeto de los derechos humanos” y que no hay “aplicación abusiva” de leyes ni hostigamiento.

La declaración de Miranda se produjo en el marco de un descargo en una audiencia convocada en Washington por la CIDH ante planteos sobre “criminalización de la protesta social” que realizaron gremios azucareros, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), abogados del Noroeste (Andhes) y otras entidades.

En tanto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, sostuvo hoy que tras la reunión “quedó claro ante la CIDH que tanto en el tema de la protesta social como de inmigración estamos sujetos a derecho”.

“Explicamos que no estamos en ningún sistema que esté en contra del sistema internacional de los derechos humanos”, añadió el funcionario en diálogo con radio Nacional.
Durante su exposición de esta mañana, el fiscal jujeño afirmó que “Jujuy está plenamente comprometida con el respeto de los Derechos Humanos” y en ese marco “orienta las políticas públicas implementadas por el gobierno” de Gerardo Morales.

Miranda aseveró que pese a las denuncias que se llevaron hasta Washington “en ningún caso se hostigó a los referentes sociales”.
Además, aclaró que en Jujuy durante 2016 se realizaron “1.191 manifestaciones de protesta”, pero sólo se labraron actuaciones judiciales en el 0,75 por ciento de los casos, con lo cual destacó que “no hay una aplicación abusiva” de las normas.

En ese marco, se refirió al campamento montado por la Tupac Amaru, dirigida por la ahora detenida Milagro Sala, contra el plan de regularización de planes sociales implementado a cuatro días de la asunción del nuevo gobierno, al señalar que esa “no fue una ocupación pacífica”.

El fiscal apuntó que los jefes de la protesta “pretendían mantener su rol de intermediarios entre los fondos públicos que administraba el Estado nacional y los verdaderos beneficiarios”.
Miranda remarcó que durante el campamento de 52 días en plaza Belgrano los manifestantes “cometieron abusos y excedieron límites” que afectaron a la ciudadanía con una “acción ilegítima de los miembros de la Red de Organizaciones Sociales”, que interrumpió “el servicio de transporte, lo que perjudicó a quienes tenían que concurrir a sus lugares de trabajo”.
Asimismo, indicó que la investigación y juicio por delitos penales como fraude al Estado y corrupción de funcionarios públicos le “corresponde a los jueces, sobre quienes el Ejecutivo no ejerce influencia alguna”.

Acompañado por el diputado radical Ramiro Tizón, presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura, destacó la sanción del nuevo Código Contravencional que generó “un cambio fundamental” en la provincia al derogar una ley de faltas de 1951 que daba amplias facultades a la Policía.

Asimismo, señaló que con ese sistema la pena más frecuente “es el trabajo comunitario”.

Respecto al planteo de los empleados del Ingenio Ledesma, remarcó que durante varios días “sitiaron y bloquearon el ingreso a la ciudad de Libertador General San Martín, interrumpiendo el transporte de mercaderías y personas” por la ruta nacional 34, parte del Corredor Bioceánico de Paso de Jama.

Al rechazar los argumentos de los denunciantes, el fiscal de Estado indicó que “la protesta social y sindical que tiene raigambre de Derecho Humano, no puede permitir la comisión de delitos en perjuicio de la población”.

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