Flavio Bonanno: «Telesur y la pluralidad de Lombardi»
¿A qué nos referimos con “pluralidad” cuando discutimos sobre políticas y medios de comunicación social, principalmente hoy en argentina? Por lo general, relacionamos el termino con cantidad, diversidad, y libertad de expresión e información, lo cual, a priori, parece encajar perfectamente con las consideraciones republicanas de un Estado democrático. La cuestión es, ¿Suele ocurrir en la práctica esto que propone la teoría? ¿O se debe regular? ¿Cómo se garantiza esta pluralidad desde, por ejemplo, el marco institucional que generan los Estados y los mercados?
Pienso, de entrada, que no alcanza con garantizar la libertad: en Argentina hay muchísimos medios de comunicación libres; sucede que de pronto, por el carácter corporativo de nuestra más reciente economía nacional, esos muchos responden a unos pocos propietarios. Por otro lado, en nuestro país, la diversidad está garantizada, es un derecho; pero ahora bien ¿Cuántas identidades se quedan afuera del acceso y la participación en medios, y de las consideraciones de los Gobiernos a la hora de planificar una comunicación plural? Seguramente sean más las excluidas, que las interpeladas por las industrias comunicacionales que hoy saturan nuestros canales.
A priori, la pluralidad, al menos en políticas y medios de comunicación, no necesariamente significa cantidad, porque algunos “muchos” pueden ser bastante homogéneos. Tampoco es un sinónimo exacto de diversidad, considerando que hay tantas diversidades como sujetos habitan este mundo, y no todos son parte activa de la cuestión comunicacional. Pero entre esos conceptos anda. Con cantidad y diversidad, asegurar la pluralidad requiere también de condiciones de cohesión para la coexistencia. Es decir, una integración pública de esos muchos y diversos, que considere sus condiciones para asegurar la mayor cantidad de expresiones posibles.
En artículos anteriores, he versado sobre la contraposición entre dos posturas antagónicas que se proclaman sobre la cuestión de las industrias culturales y comunicacionales: la primera, optimista de las lógicas de mercado, consideraría una libre competencia económica en estos sectores, a partir de lo cual, el Estado no debería tener ningún tipo de injerencia sobre la regulación de medios de comunicación, sino que estos deberían garantizarse su existencia según el lucro que le generen las audiencias. Por otro lado, una perspectiva que considera a la comunicación y la cultura como derechos humanos, premisa que sostiene que el Estado debería garantizar el acceso y la participación de los distintos actores sociales (al menos los colectivos), una regulación activa de los poderes públicos en pos de hallar esta pluralidad que nos convoca.
La lógica comercial, aunque la quieran “dibujar”, no parece la propicia para la tarea de pluralizar. Cantidad tenemos. La TV por cable ofrece muchísimos canales, claro; también tenemos los de aire, y la radiofonía, además de diarios y revistas. Esto es cierto. Sin embargo, queda el aspecto de la diversidad, el cual no se muestra alentador cuando revisamos que, por dar un ejemplo, el principal grupo económico en medios de comunicación (Clarín) no sólo tiene aproximadamente 300 medios en todo el país, sino que estos son de propiedad cruzada (licencias de tv abierta y radiofonía, diarios, revistas, productoras y señales de tv por cable, a la vez). Y, como si no fuera poco, el mismo grupo es dueño de la principal empresa de distribución de cable e internet (Cablevisión – Fibertel). Podrán decir que su actividad, aunque monopólica, es legal. Pero, ¿Qué espacio le dejan a la pluralidad, cuando difícilmente las audiencias que les llenan las arcas tengan opción de no hacerlo, y optar por otros contenidos, principalmente fuera de Buenos Aires?
Una perspectiva más pública, como la que alentara la recientemente derogada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual número 26522, sugeriría desconcentrar para garantizar realmente los derechos de libertad y expresión que, por ejemplo, sugiere la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 13, a la que Argentina como Estado adhiere. Una repartición equitativa de licencias y contenidos entre distintos actores sociales, no necesariamente lucrativos. Claro está que, por definición estructural, sería difícil integrar los requerimientos de la ciudadanía en su conjunto en los sistemas de medios. Pero al menos, el Estado podría regular que los dueños de las productoras y los medios masivos no sean los mismos que gestionan la distribución de cable en la extensión nacional, y que por lo tanto resultan arbitrarios en la oferta de señales a millones de argentinos.
En ese sentido, y con el AFSCA disuelto, Cablevisión podría sacar de su programación cualquier señal que le genere disconformidad, o que se interponga directa o indirectamente en sus asuntos corporativos, económica e ideológicamente, sin recibir ningún tipo de sanción. Podría hacerlo ahora mismo con la señal latinoamericana “Telesur”, considerando que el Titular de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, decidió retirar al Estado nacional de la cadena emisora en cuestión, por lo que la transmisión de la misma carece de obligatoriedad para las empresas de cable, al ya no ser un “medio público”.
La paradoja es que, a fin de cuentas, el hombre del oficialismo que probablemente más haya hablado de pluralidad es, precisamente, el mismo Lombardi, que, desde el cambio de gabinete, hace tres meses, es uno de los principales activistas del desguace de los organismos públicos que participaban de la regulación y desconcentración de medios. En su accionar, pareciera haber arrancado su gestión favoreciendo al grupo económico que llevó a su espacio político, encabezado por el presidente Macri, a la victoria electoral, meses atrás. En el barrio se diría, una “devolución de favores”.
El hombre del oficialismo que probablemente más haya hablado de pluralidad es el mismo Lombardi que desde hace tres meses lleva adelante el desguace de los organismos de regulación de medios
Lo cierto es que, sin regulación, nada de lo que hagan las empresas como Clarín, y sus gerentes en el Estado como Lombardi, es ilegal o admite sanción. No es más que la imposición, a fuerza de decretos y complicidades societarias, de un modelo absolutamente comercial de la comunicación y la cultura, en donde, por cuestiones de mercado, pocas voces se expresan en muchísimos canales fomentando casi una identidad homogénea; aquella que favorezca ideológica y políticamente a la contención y reproducción de este estado de cosas que, a la larga, es la contención y reproducción de las ganancias de los grupos concentradas, que no permiten una alternativa que ofrecer.
Esta semana cayó Telesur del sistema de medios públicos, y difícilmente la señal siga siendo emitida, ahora que depende de los empresarios que se hallan en las antípodas ideológicas del proyecto comunicacional nacido en Venezuela. Proyecto que probablemente no haya tenido una audiencia realmente lucrativa, lo que preocupaba a Lombardi, pero que seguro tenía muchísimos televidentes aquí en Argentina que, con el paso de los días, van perdiendo más y más voces de un lado de la grieta. Y los del lado que hoy gobierna, cínicamente hablando de publicidad, “cerrando” la “división entre los argentinos” a fuerza de voces únicas, masivas, y absolutamente rentables.
