Sasia repudian bloqueo de camioneros contra Cargill


Desde hace más de una semana, trabajadores camioneros pampeanos impiden la entrada y salida de personal y cargas de la cerealera Cargill en la planta de General Pico, La Pampa, para reclamar que se les asigne un 40% de los traslados de granos hacia la filial de la empresa en Rosario, y que no se realicen vía ferrocarril.

El conflicto comenzó hace 10 días porque el encargado de la planta ubicada en la segunda ciudad de La Pampa, 140 kilómetros al norte de Santa Rosa, decidió enviar los cereales vía ferrocarril.

El secretario general de CATRAP(CAMARA DE TRANSPORTISTAS DE LA PAMPA), Juan Artigas aseguró que los transportistas locales tenían un acuerdo con la empresa Cargill para que se les otorgara el 40 por ciento del traslado de los cereales hacia Rosario, desde donde son exportados. “Para nosotros representan unos 1.200 viajes, pero la multinacional ofreció solo 500 y estamos muy lejos de la negociación”,

El sindicato de conductores de trenes La Fraternidad y la Unión Ferroviaria cuestionaron la protesta de camioneros agrupados en la Cámara de Transportistas de La Pampa (CATRAP) contra la compañía agropecuaria, ya que afecta “gravemente la producción de la planta y por ende el normal desarrollo de la Empresa Ferroviaria de Cargas Ferro Expreso Pampeano S.A. (FEPSA)”.

Por su parte, Horacio Caminos, secretario de prensa de La Fraternidad, afirmó que, como en reiteradas oportunidades en los últimos tiempos, ésta vez en la ciudad pampeana de General Pico, ”la mafia de los camiones cortan vías impidiendo el ingreso y salida de los trenes cerealeros, para presionar a los molinos en cargar en camiones y no en tren que es más económico. Este método de coerción que violenta el derecho al trabajo de los ferroviarios debe ser evitado por la justicia”.

A su vez, el gremio de conductores de trenes consideró que, si la justicia argentina avala el método de cortar las vías a los camiones como método comercial para conseguir fletes, “estaría habilitando a los ferroviarios a cortar rutas e ingresos a los puertos como método de lucha laboral para recuperar trenes con la lechería, el ganado en pie, la fruta y las hortalizas que eran fletes ferroviarios hasta el Plan Larkin que beneficio al modo automotor y desmanteló los ferrocarriles”.

“Claro está que los ferroviarios sabemos que es un delito, pero esa conducta no es considerada como tal por las autoridades cuando actúan las mafias de los camiones. El Poder Ejecutivo debe garantizar nuestro derecho al trabajo y el Poder Judicial debe actuar para garantizar hacer efectivo el Estado de Derecho”, aseveraron desde La Fraternidad.

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