Edgardo Rovira: Los cortesanos de Macri
El fallo del 2×1 que da impunidad a los genocidas tiene su origen en las ideas de Macri y la conformación de la Corte Suprema de Justicia.
Luego de la renuncia de Eugenio Zaffaroni y la dimisión de Carlos Fayt, el Presidente de la Nación se encontró con la posibilidad y obligación de completar el máximo organismo de Justicia. Por lo tanto, Macri se encontró con la oportunidad de tener una Corte Suprema a “imagen y semejanza” de sus ideales políticos-económicos que le permitiera avanzar en sus planes de gobierno sin freno judicial.
En esos primeros días, Germán Garavano, flamante Ministro de Justicia de la nueva gestión, se reunió con Macri, al término de la reunión, el Presidente le pidió al Senado que le devolviera los pliegos que había enviado la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner para completar la Corte. Esa decisión se fundamentó en que Macri no quería acordar los nombramientos de los nuevos Ministros de la Corte con el peronismo, temía no contar con las 2/3 partes de la Cámara para la reglamentación de sus ministros. Por lo tanto, presentó nuevos pliegos e hizo los nombramientos en comisión, ejerciendo una facultad que el artículo 99 de la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo, medida que tiene como único antecedente un episodio ocurrido en 1852 cuando aún no estaba conformada la Argentina. Macri demostró con esa actitud el poco apego a la legalidad, legitimidad y respeto a la constitucionalidad que tiene.
Macri demostró con esa actitud el poco apego a la legalidad, legitimidad y respeto a la constitucionalidad que tiene.
Las repercusiones negativas de esa medida y las acciones interpuestas por la oposición política anularon la jugada. Macri tuvo que retroceder, acordar con las fuerzas de la oposición, sobre todo con los senadores arriados por Pichetto, para sacar los pliegos sin inconvenientes. Macri demostró con esa actitud el poco apego a la legalidad, legitimidad y respeto a la constitucionalidad que tiene. Los viejos miembros que caminan los pasillos del máximo Tribunal no hicieron nada, acompañaron el avance en silencio. Lorenzetti habrá pensado negociar su continuidad como Presidente de la Corte Suprema aceptando ese atropello. A lo mejor, las amenazas constantes de la denunciadora serial de Carrió surtieron efecto y condicionaron a Lorenzetti y por eso hizo silencio.
Rosenkrantz tuvo 1428 objeciones a su postulación, entre esas objeciones figuraron los organismos de Derechos Humanos. Según el CELS, tanto Rosenkrantz como Rosatti, eran opciones cuestionables por sus “posturas regresivas en temas vinculados a la protección de derechos y la aplicación de derecho internacional de los derechos humanos, así como por sus posiciones respecto de la relación entre el derecho, la política, el mercado y el Estado. Pero eso no importó.
Siguiendo la cronología de hechos que desembocaron en el fallo Muiña, un mes después del juramento de los nuevos miembros de la Corte Suprema, Rosenkrantz ya trabajaba para aplicar el 2×1 a los genocidas del PROceso.
Rosenkrantz tuvo 1428 objeciones a su postulación, entre esas objeciones figuraron los organismos de Derechos Humanos. Según el CELS, tanto Rosenkrantz como Rosatti, eran opciones cuestionables por sus “posturas regresivas en temas vinculados a la protección de derechos y la aplicación de derecho internacional de los derechos humanos
Rosenkrantz, ex rector de la Universidad de San Andrés, abogado de grandes empresas (por ejemplo, el Grupo Clarín) es la cabeza de lanza judicial del sector social que busca un cambio radical en las políticas de Derechos Humanos en la Argentina. Rosenkrantz es el ministro de la Corte más afín al macrismo y aparece en todas las sentencias de los últimos meses que trajeron retrocesos en las causas de lesa humanidad. Es más, desde la nueva conformación, la Corte Suprema, no firma ninguna sentencia en favor del avance de los juicios de lesa humanidad, muchas de esas causas hoy están cajoneadas o empantanadas. En febrero, hubo una fuerte señal de lo que se estaba armando con un fallo que establecía que la Corte no tiene obligación de acatar sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese fallo preparó el terreno para despegar a la Corte, sobre todo a Lorenzetti (por eso avaló la jugada), de correcciones con fuerza de ley del sistema interamericano ante fallos que se apartan de sus estándares.
Hubo dos fallos más, recientes, que fueron marcando el nuevo rumbo que quería Rosenkrantz y Macri. Uno, la prisión domiciliaria para el represor Felipe Jorge Alespeiti. El segundo, fue una sentencia que prescriben las acciones civiles de sobrevivientes y familiares contra el Estado en los juicios por violaciones de derechos humanos durante la última dictadura.
Rosenkrantz y el otro cortesano, Horacio Rosatti, junto a Highton de Nolasco (que parece haber arreglado su permanencia en la Corte Suprema a cambio de votar lo que sea necesario) son los responsables de abrir la “caja de pandora”. El fallo excede a la libertad de los genocidas, por un lado, busca devolverle poder de fuego a las fuerzas armadas y generar en el inconsciente de los militares, la idea de impunidad por los crímenes cometidos o que puedan cometer en el futuro; por otro lado, el gobierno nacional y muchos juristas PRO represión, buscan con el fallo cuestionar los pilares mismos del garantismo y de los derechos humanos en la Argentina. Así Pagni por ejemplo, desde el diario La Nación plantea que el fallo se ajusta a derecho, aunque sea impopular, porque le reconoce “un derecho a gente muy despreciable”, porque lo paradojal del asunto es justamente que “las garantías fueron pensadas para personas despreciables”. Ya a finales de 2016, el Presidente Macri dijo que “durante años estuvimos bajo una visión que llaman garantistas, pero es abolicionista, y termina con cárceles funcionando con puertas giratorias”. En ese marco, continuó diciendo que el tema del “garantismo” es un tema que “tiene que estar en el debate durante el 2017”.
En base a todo esto, Macri (y el resto del macrismo) buscó utilizar el 2×1 a los genocidas en detrimento del “garantismo” diciendo que el kirchnerismo y los organismo de DDHH critican el “fallo pese a que en su momento apoyaron la ley del 2×1 de la mano del falso garantismo que siempre benefició a todo tipo de delincuentes del doctor Raúl Zaffaroni que hoy es el principal asesor de Cristina en temas jurídicos”. Por su parte, en su editorial de Clarín, Alfredo Leuco escribió, “hay que hablar de Eugenio Raúl Zaffaroni. Su prédica siempre favorable a los delincuentes instaló o ayudó a instalar el clima de época que parió el nefasto 2×1”. Durante las votaciones en el Congreso, los diputados y senadores macristas utilizaron en general, los mismos argumentos. Como quería Macri, el tema está instalado.
Sea como sea, la imagen de la Corte Suprema volvió a quedar dañada por un mamarracho jurídico con pocos antecedentes
Sea como sea, la imagen de la Corte Suprema volvió a quedar dañada por un mamarracho jurídico con pocos antecedentes. Buscaron liberar a genocidas utilizando la ley del 2×1 que fue sancionada en 1994, 18 años después de los delitos por los cuales fue condenado el agente civil de inteligencia Luis Muiña, y derogada en 2001, una década antes de que fuera detenido. Utilizaron una ley de excepción en su momento, concebida para descomprimir la situación en los penales, superpoblados de detenidos sin condena. Ni Muiña ni otros responsables de crímenes de lesa humanidad estaban entre ellos, ya que en esos años regían las leyes y decretos de impunidad como la “Obediencia Debida” y el “Punto Final”. A ese absurdo legal se le suma que el fallo desconoce la obligación de castigar en forma proporcional esos crímenes, como surge de los tratados internacionales de Derechos Humanos, que desde 1994 tienen jerarquía constitucional, y de la jurisprudencia acumulada desde entonces por la CIDH.
Los cortesanos de Macri juegan dentro de la justica un papel clave, el de desequilibrar la balanza judicial a favor del programa de gobierno de Cambiemos que se funda en abusos, ilegalidades e inconstitucionalidades varias
Además desconoce que la desaparición forzada de personas y la supresión de identidad de menores son delitos permanentes, ello implica que el delito se sigue cometiendo hasta que no aparezca la persona desaparecida o se recupere la identidad del menor apropiado. El carácter permanente de estos delitos alcanza a sus autores intelectuales, materiales y participes necesarios y eventuales. Esos delitos permanentes y su sanción no pueden eliminarse por el 2×1 que no corresponde, porque el delito se sigue cometiendo.
Los cortesanos de Macri juegan dentro de la justica un papel clave, el de desequilibrar la balanza judicial a favor del programa de gobierno de Cambiemos que se funda en abusos, ilegalidades e inconstitucionalidades varias. Mientras representan su papel, la Argentina cada día es más injusta, con la crema PRO “terrorismo de Estado” buscando ganar protagonismo y poder en las estructura del Estado. Sólo con la movilización social y el rápido accionar de la oposición política, que sin fractura ni divisiones sesionó en el Congreso apurando una Ley que condicionó el avance de Rosenkrantz y su búsqueda de impunidad para los genocidas, podremos detener este retroceso constitucional que plantea el macrismo.
