Daniela Bambill: «De los golpes de estado parlamentarios a la posibilidad de una guerra civil»
Criminalizar la política.
En mayo de 2012, Curuguaty se llenó de sangre en un episodio que todavía hoy está lejos de esclarecerse, pocos días después, las 17 muertes ocurridas por los enfrentamientos entre campesinos y policías fueron el marco que sostuvo el golpismo paraguayo para destituir a Lugo en un juicio político, las acusaciones en que se fundamentó la destitución del Presidente del Paraguay fueron:
Haber autorizado el uso de las dependencias del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas de la Nación en el año 2009, para un acto considerado político partidario, durante el llamado Campamento Latinoamericano de Jóvenes por el Cambio.
Ser el único responsable como instigador y facilitador de las recientes invasiones de tierras en Ñacundai , utilizando a las fuerzas militares para generar un estado de pánico en la región.
Haber sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana.
Apoyar el protocolo regional sobre el compromiso con la democracia Ushuaia II, el cual sería una violación a la soberanía. Significativamente, el pacto firmado indicaba que se excluiría de Mercosur a cualquier país miembro donde hubiera algún tipo de golpe de Estado. Los diputados acusadores esgrimieron que «a través de ese documento, los países vecinos podrían cortar el suministro de energía a la República del Paraguay»
.Falta de reacción frente a la muerte de 11 campesinos y 6 policías en el enfrentamiento de Curuguaty.
En apenas 3 horas, sin pruebas concretas sobre las acusaciones establecidas en supuestos 115 parlamentarios de 5 partidos políticos diferentes concretaban el derrocamiento del Presidente paraguayo.
Los sucesos acontecidos en Brasil esta semana tienen similitudes, acusaciones endebles, falta de pruebas, celeridad en la determinación de destituir un gobierno legítimamente constituido y la sombra del Departamento de Estado y sus intereses sobre la Región como certeza ineludible del análisis político.
La Constitución brasileña establece que la causal de juicio político y destitución es la comisión de delitos penales por el Presidente de la República Federativa, la Presidenta Dilma Rousseff se enfrenta hoy a un proceso de destitución en función de decisiones de carácter administrativo de su gestión. No existe una sola imputación que constituya un delito en las acusaciones que llevaron al Senado del Brasil a concretar el golpe institucional contra Dilma.
El Secretario General de UNASUR, Ernesto Samper ha manifestado la preocupación del Organismo por la presencia de lo que denominó “poderes fácticos que hacen política sin responsabilidad política” comprometiendo la gobernabilidad democrática en toda la región.
Brasil sienta otro precedente en la región en la que una mayoría opositora parlamentaria se constituye en la herramienta de la derecha contra los gobiernos de corte popular poniendo en jaque el Estado de Derecho y la decisión soberana de los pueblos.
Samper señalo presencia y existencia de poderes facticos que hacen política sin responsabilidad política comprometiendo la democracia en la región. En este sentido ha manifestado que si se aceptara la teoría que a partir de decisiones administrativas como razones de destitución, cualquier presidente estaría expuesto a un golpe institucional desde el parlamento del país si este tuviese la mayoría opositora para llevarlo adelante.
De esta manera se sienta otro precedente en la región en la que una mayoría opositora parlamentaria se constituye en la herramienta de la derecha contra los gobiernos de corte popular poniendo en jaque el Estado de Derecho y la decisión soberana de los pueblos.
Los gobiernos ilegítimos que se constituyen luego de estos procesos son acompañados por el poder mediático comunicacional, herramienta fundamental de la derecha internacional para llevar adelante sus atropellos.
En la Argentina, estos días la Canciller Malcorra, que fue la primera en reconocer el gobierno de Temer como legítimo, ha presentado su postulación a la Secretaria General de la ONU, en ese marco en una entrevista brindada al diario El País de España, señala la necesidad de “desideologizar” la política exterior y su preocupación por la posibilidad de una “guerra civil” en Venezuela.
De concretarse la “preocupación” de Malcorra, la Región estaría definitivamente sometida como hasta hace 15 años al arbitrio del Departamento de Estado.
Argentina gobernada por las multinacionales, Brasil a partir del golpe de estado a Rousseff se alinea a esta nueva forma de intervención y Venezuela, que resiste desde la muerte de Chavez a cualquier intento de desestabilización en el marco de la “democracia” entendida bajo los preceptos de Estados Unidos, podría correr en breve la suerte de los países de Medio Oriente.
Habrá que esperar la reacción de los movimientos populares, la estrategia de disciplinamiento y dominación está en marcha.
Criminalizar y judicializar la política es por estas horas el arma más certera con la que cuenta el poder fáctico internacional.
