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Córdoba: El Gobierno no da respuesta a los reclamos de los trabajadores

Los choferes de colectivos de la Ciudad de Córdoba se encaminan al quinto día de paro y aunque el Gobierno municipal especuló con los taxis y remises, éstos se solidarizaron y se adhirieron a la medida. Mientras tanto, el Ejecutivo local y el provincial despiden a los trabajadores que reclaman, judicializan el conflicto y amenazan con reprimir.

Los choferes de colectivos de Córdoba capital cumplieron el cuarto día consecutivo de paro en rechazo al acuerdo salarial de 21% de aumento firmado por la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional; los trabajadores exigen un 33%.

Además, piden la reincorporación de los 86 despedidos por ejercer su derecho a huelga. El intendente radical Ramón Mestre justificó que «fueron despidos por no presentarse a trabajar» durante la conciliación obligatoria que los choferes rechazaron.

El delegado de la empresa Autobuses Córdoba (Aucor), Marcelo Marín, argumentó que «el acuerdo paritario nos perjudica y no se nos consultó en nada. Si en Buenos Aires se dio un 21 por ciento de aumento, acá se tiene que trasladar al básico y eso daría un 32,5 por ciento «, advirtió.

La movilización que realizaron esta tarde fue respaldada por columnas de distintos gremios que marcharon a la sede local de la UTA; entre ellos, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Luz y Fuerza, Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), el Sindicato Obrero de Choferes Camioneros, la Asociación Obrera de la Industria de Transporte Automotor (Aoita), Sindicato de Vigiladores de Córdoba (Suvico) y diversas agrupaciones políticas.

El Gobierno no da una respuesta al reclamo y, por el contrario, persigue y amenaza a los trabajadores.  El ministro de Gobierno de Córdoba, Juan Carlos Massei, presentó una denuncia penal para que se identifique e investigue a quienes «pretenden amedrentar y alterar la paz social».

Asimismo, interpeló a la conducción de la UTA nacional, a la que reclamó «una intervención más activa en el conflicto». Hasta el momento, el secretario de Interior de la UTA nacional, Jorge Kiener, se limitó a pedir bajar la intensidad del conflicto y subrayar que los choferes de Córdoba “son los mejores pagos del país”, aunque reconoció que “los salarios nunca alcanzan”.

En paralelo, el gobierno de Juan Schiaretti presentó una demanda penal para que se investiguen las supuestas amenazas de los choferes que circularon por WhatsApp y en las redes sociales. Los abogados de la municipalidad de Córdoba también anticiparon que presentarían una demanda en la Justicia por la decisión del gremio de no acatar la conciliación obligatoria e impedir «la circulación del transporte público».

El Gobierno nacional también se metió en el conflicto, a través del ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, quien visitó la ciudad en el marco del Foro Argentina Abierta y apuntó directamente contra los sindicalistas automotores. «Los paros no resuelven los conflictos, hay que respetar la ley y no tomar el ciudadano como rehén», lanzó el funcionario nacional.

 

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