Claudia Bernazza: «Los derechos bajo sospecha»
Los medios de comunicación se encargaron de desligar el doloroso suicidio de Rodolfo Estivill, el jubilado de Mar del Plata, de cualquier lectura sobre la situación social o económica que se está viviendo en Argentina. En diciembre de 2016, Edgardo Lucero otro jubilado, también de Mar del Plata, se había quitado la vida en el baño de un hospital. En su carta de despedida le pidió a la Gobernadora Vidal que le pague los gastos de sepelio. En el caso de Estivill, los medios se encargaron de aclarar que percibía una jubilación de 44 mil pesos, como si eso debilitara su mensaje póstumo.
* Por Claudia Bernazza, precandidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires – Unidad Ciudadana. Coordinadora de la Comisión de Estado y Administración Pública del Instituto Patria
Días antes del hecho, la gestión macrista había anunciado la revisión de las pensiones por viudez. Esta medida fue suspendida al día siguiente de la muerte de Estivill. Los medios se encargaron de ocultar que Estivill cobraba, además de su jubilación, la pensión de su mujer fallecida. El jefe de la Anses intentó deslindar su responsabilidad mediante mensajes dejados en la red Twitter, donde Estivill no fue llamado por su nombre y su muerte fue definida como “episodio”.
Banalizar esta muerte a partir del cobro de 44 mil pesos, no logra esconder el hecho de que Rodolfo Estivill se quitó la vida en las oficinas de la Anses. La elección de una oficina pública que debe garantizar los derechos ciudadanos y sus últimas palabras (Estoy cansado de luchar) son un mensaje al Estado y a los gobernantes. Nadie puede soslayar el carácter deliberadamente público del episodio, como sentido que la persona ha decidido conferir a su último acto.
Como ha tuiteado el jefe de la ANSES, este episodio afecta a todos. En primer lugar, a los trabajadores de la oficina marplatense de la Anses y al público que allí se encontraba. En segundo lugar, a los responsables de esta política pública. Finalmente, al cuerpo social, dado que la Anses administra un conjunto de derechos sociales hoy amenazados.
La estrategia del macrismo avanza contra estos derechos con una táctica precisa: “develar” detrás de cada derecho, un abuso o una irregularidad, para así habilitar su privatización. Los derechos laborales y sociales están bajo sospecha. El derecho constitucional a la negociación colectiva (conflicto bancario, enero 2017; conflicto docente, marzo 2017) se vulnera poniendo bajo sospecha a los representantes gremiales. También está bajo sospecha la justicia laboral y el derecho a huelga. También están bajo sospecha la estabilidad de los trabajadores del Estado, sus convenios colectivos y estatutos; los derechos sociales (jubilaciones, pensiones, pensiones por discapacidad, medicamentos gratuitos); el derecho a la organización y la protesta social (encarcelamiento de Milagro Sala, irrupción de la policía en centros culturales y comedores). Puede decirse que todo derecho está, a priori, bajo sospecha.
En estos días, los trabajadores de la seguridad social llevaron a cabo un paro de 24 horas. Estos trabajadores reclamaron “medidas de seguridad”. Es que sobre el cuerpo del trabajador del Estado se está librando la batalla política de esta guerra neoliberal. Trabajadores que promovieron los derechos de sus conciudadanos, hoy deben limitarlos. La protección de estos agentes públicos debe entenderse en el marco de una desprotección social creciente, de un disciplinamiento feroz que habilita cámaras de seguridad, controles biométricos, toma de lista por parte de equipos del ministerio de Modernización que “visitan” organismos con el único objeto de amedrentar al personal.
Es cierto, la situación nos afecta a todos. El cuerpo social en su conjunto está en peligro bajo este régimen de sospecha, vigilancia y castigo que ha demonizado los derechos otorgados por el gobierno anterior. Sobre el cuerpo social y estatal (el cuerpo del jubilado, el del empleado público) se libra la batalla entre los excluidos y un gobierno que ve, en cada necesidad, un abuso.
