Causa Blanco: el 16 de marzo inicia el juicio oral
El 1 de marzo de 2007, Gabriel Blanco apareció colgado en el calabozo de la comisaría 2º de San Carlos, localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza.
Gabriel fue detenido en el barrio “La Borgward”. Era hostigado para que robara en zonas liberadas. Pero él no quería. Había estado preso por robo, pero, en ese momento, tenía trabajo y cumplía con un tratamiento de recuperación por adicciones. Quería a su familia y se esforzaba por criar a su pequeño hijo.
Gabriel estaba nervioso. En la comisaría, su compañera pidió hablarle y que viera a su hijo, convencida de que así se calmaría. Los policías le dijeron que ellos se iban a ocupar de tranquilizarlo. Por la noche, un patrullero se acercó a la casa de Teófilo para informarle que Gabriel, su hijo, se había suicidado.
Durante el velatorio dudaron sobre la versión oficial y advirtieron marcas en el cuerpo. También le faltaban piezas dentales. Solicitaron una segunda autopsia. Se realizó la reconstrucción del hecho, en la que se determinó que la versión del suicidio era inverosímil.
El 23 de febrero de 2013, el juez de Garantías Ricardo Raúl Alí dictaminó la prisión preventiva del subcomisario Rubén Darío Suárez; el suboficial Ariel Emiliano Gómez y del oficial Pablo Balbuena por torturas seguidas de muerte.
La apelación a la prisión preventiva fue desestimada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de La Matanza. También están procesados por encubrimiento el comisario inspector Claudio Horacio Ilundayn y el capitán Daniel Omar Dos Santos.
Los abogados de los efectivos detenidos denunciaron a la APDH de La Matanza y a la Comisión Provincial por la Memoria por extorsión, afirmando que dichos organismos ofrecieron “beneficios procesales” para que los presos declarasen en contra de los miembros de la fuerza policial. Sin embargo, fueron ellos quienes cambiaron sus dichos siete años después para deshonrar a los militantes.
Además, integrantes de la Asamblea fueron difamados con pintadas y pasacalles en San Justo, intimidados y golpeados en la calle, mientras que familiares de Gabriel fueron amenazados. Todo fue denunciado ante la Fiscalía General de La Matanza.
Sin elementos que sostuvieran los cargos, la fiscalía dio lugar a la investigación contra Pablo Pimentel y otros miembros de la Asamblea.
Si los policías acusados por la muerte de Gabriel quedan en libertad por decisión de la Justicia de La Matanza, el fallo sería una demostración de poder de la corporación policial, judicial y política. Una forma de disciplinar a los pobres que se rebelen ante el abuso de poder y la violencia institucional.
Tras varias movilizaciones, una marcha multitudinaria el 18 de mayo de 2015 y una audiencia con el entonces gobernador provincial Daniel Scioli, el fiscal José Luis Claudio Longobardi archivó la causa. Sin embargo, advirtió que, si durante el juicio oral y público contra los policías aparecían elementos nuevos, abriría el expediente.
Criminalizar a los organismos de derechos humanos y a sus militantes, tanto como difamarlos, es el camino que siguen quienes persiguen la impunidad de la violencia institucional.
El juicio oral y público por la muerte de Gabriel Blanco será el próximo 16 de marzo. Su familia espera un castigo ejemplar para los responsables. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza acompaña a los familiares de Gabriel en cada paso para velar que se haga justicia.
Como anticipo, el Tribunal en lo Criminal nro. 5 (TOC 5) tomó las siguientes decisiones:
– Anuló la prisión preventiva de los tres acusados y les otorgó la prisión domiciliaria el 22 de diciembre de 2015.
– Además, declaró nula la pericia de reconstrucción del hecho que hizo Gendarmería Nacional y Policía Científica en marzo de 2012 porque, asegura, los testigos –Balbuena, Suárez y Gómez- no contaron “con la debida representación” para controlar sus manifestaciones y “no fueron relevados del juramento de decir verdad”, siendo que esos dichos fueron posteriormente “utilizados en su contra”.
Vale destacar que, en base a esa pericia de reconstrucción, el juez Alí mandó a la cárcel a los imputados el 23 de febrero de 2013 y, con posterioridad, la Sala de Apelaciones denegó la solicitud para esperar el juicio en libertad. En ese momento, ningún estamento judicial advirtió sobre la transgresión de principios constitucionales como ahora sostiene el TOC 5 (no está demás decir que la última determinación se genera en una etapa del país donde las autoridades nacionales plantean una liberalización del accionar policial).
En el marco de la ley, la APDH-La Matanza participará tanto dentro como fuera del juicio. Desde ya pedimos a todos los militantes, sindicatos y partidos, a los barrios y a los medios que nos acompañen para que a Gabriel Blanco no lo maten con el tiro de la impunidad.
Si los policías acusados por la muerte de Gabriel quedan en libertad por decisión de la Justicia de La Matanza, el fallo sería una demostración de poder de la corporación policial, judicial y política. Una forma de disciplinar a los pobres que se rebelen ante el abuso de poder y la violencia institucional.
Los organismos de derechos humanos –que siempre se han solidarizados con víctimas de violencia institucional- serán perseguidos. La causa por “extorsión” que anida en un cajón de la Fiscalía General de La Matanza seguramente será alimentada con nuevas mentiras y difamaciones para criminalizar a los militantes sociales.
Una herramienta fundamental es la comunicación para explicarle a la sociedad qué sucedió con la muerte de Gabriel Blanco, la lucha de sus padres por alcanzar la verdad y que la militancia de derechos humanos está siendo sometida a presiones y acciones mafiosas impropias de una democracia.
La violencia institucional viola los derechos del pueblo. Si articulamos poder popular vamos a terminar con la impunidad política, judicial y policial. Para esto, pedimos un acompañamiento activo, solidario con la familia Blanco y la Asamblea.
