Caso Avena: México ante la impunidad texana
Por Alejandro C. Tarruella
Cuando el mundo observa la impunidad de los tribunales norteamericanos en el caso argentino frente a los bonos buitres, en 2004 México ganó un juicio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya conocido como el fallo Avena, que debe ser aceptado por EE.UU, de acuerdo a acuerdos internacionales. Un juez de Texas, como el juez de barrio Thomas Griesa, dijo que el fallo Avena no era admisible y que ese estado soberano no debía aceptar fallos internacionales. Así, Texas condenó a muerte a mexicanos que tenían derecho a un nuevo juicio por la falta de notificación consular.
El Gobierno mexicano deploró en 2013, que una corte de distrito del condado de Harris, en Texas, pusiera fecha de ejecución de uno de los 51 mexicanos cuyas condenas a muerte fueron cuestionadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en caso Avena en 2004. Se reclamó que a los sentenciados no les respetaron su derecho a asistencia consular. Para los dueños de la ley en Texas, un mexicano carece de derechos, de nacionalidad y, su suerte va de la mano de los antojos de los dueños de la ley. El caso Edgar Tamayo movilizó de modo relativo al gobierno de México, que sometido al tutelaje económico gringo, realiza gestos pero no acciones.
En 2004, La Haya ordenó a Estados Unidos reconsiderar condenas de 51 mexicanos sentenciados a muerte, incluida la de Tamayo, “debido a que no se respetó su derecho a la notificación y asistencia consular», dijo el gobierno mexicano sin excesivo fervor. Incluso, la cancillería recordó que con toda oportunidad se notificó a las autoridades para que EE.UU cumpliera sus obligaciones internacionales con los involucrados en el llamado «caso Avena», nombre que recibió por Carlos Avena, uno de los condenados a muerte. Los tribunales de Texas han rechazaron las decisiones de la CIJ de La Haya, dicen que sus fallos no están por encima de las leyes estadounidenses ni estatales. Así, el país que proclama la necesidad de una justicia internacional, no reconoce su jurisdicción para su país. La Corte Internacional de Justicia, en La Haya, había sido clara: determinó que EU violó la Convención de Viena, y debía por lo tanto, revisar de mexicanos condenados a muerte a quienes se les quitó el derecho integral a la defensa. En el dictamen de 2004, el tribunal encontró que EE.UU violó el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares porque no informó sobre el derecho de asistencia a 51 de los 52 mexicanos. Luego, en enero de 2003, México presentó una demanda contra Estados Unidos en la CIJ por violación al artículo 36 de la Convención de Viena, por omitir la obligación de informar a los detenidos su derecho a comunicarse con el Consulado de su país.
En abril de este año, México reclamó a los gringos por la ejecución del estado de Texas, del preso Ramiro Hernández Llanas, un asesinato con presunta cobertura legal. La Corte mexicana reprochó la actuación de Texas y fue Amnistía Internacional, quien consideró al hecho “un cruel asesinato que se llevó a cabo en un claro incumplimiento del derecho internacional”. “No hay nada más absurdo que una atrocidad cometida en nombre de la justicia”, como afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía en México.
El derecho a todo, el derecho a nada
El mexicano Hernández Llanas fue condenado a la pena capital en el 2000 por haber dado muerte en 1997, a su patrón para el que trabajaba en un rancho del condado de Kerr. El patrón estaba acusado por la múltiple violación sexual de su esposa. Privado de su libertad para proceder a la venganza, Hernández Llanas se fugó, derecho que asiste a quienes son sometidos por fuera de la ley. Finalmente la venganza texana le quitó la vida.
La justicia texana, relacionó presuntas dificultades de razonamiento con su grupo cultural de origen. O sea para que los texanos, ser mexicano es indicador, de rasgos criminales. Hoy 50 mexicanos, por los que exige justicia La Haya, permanecen en los corredores de la muerte esperando el instante de la venganza (¿racial?) en el que perderán la vida. Amnistía Internacional condenó la ejecución de Hernández por “ilegal”, al no cumplir las normas del derecho internacional. Era el cuarto ejecutado por el caso Avena. “No hay nada más absurdo que una atrocidad cometida en nombre de la justicia”, afirmó Perseo Quiroz, Internacional en México. “Lo que sucedió hoy no fue más que un asesinato, un asesinato fundado en prejuicios raciales”, subrayó el líder de la ONG al producirse el crimen.
Rick Perry, gobernador texano, avanzó en estos años con la militarización de la frontera para impedir que lo que ellos consideran como población inferior racialmente, no lleguen con facilidad a ese territorio que, ironías de la historia, fue arrebatado por los norteamericanos en el siglo XIX. Es posible que el juez Griesa, el crédito de Paul Singer y los fondos buitres, considere también que resoluciones y opiniones de Naciones Unidas, el UNASUR; el G-7 más China, y gran parte de las potencias del mundo, o el FMI, carezcan de valor dentro de su órbita. Sin embargo, no podrá dar vuelta la normativa para la renegociaciones de deudas que creará muy pronto la ONU, y no podrá usar la ley de Wall Street para aplicar a un país soberano como la Argentina. Por supuesto, se quedará con las ganas.
